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Uno de los problemas habituales de las franquicias es el referente a  los suministros, cuyo proveedor viene impuesto por el franquiciador.

Casi la totalidad de las empresas franquiciadoras, imponen al Franquiciado la compra de los productos homologados por la marca. Esta obligación se impone a muchos tipos de franquicias, y se justifica en la necesidad de conseguir una imagen homogénea a través de un producto idéntico para todos.

El franquiciador asume la obligación de suministrar el producto y cobra por la gestión, en forma de ráppels que recibe de los proveedores. En algunos casos los ingresos recibidos por este concepto son tan cuantiosos, como los percibidos por royalties, y el franquiciador no está dispuesto a renunciar a ellos. 

Esta práctica se encuadra dentro de los actos denominados  “acuerdos  verticales”, definidos según el reglamento (UE) núm. 330/2010, de 20 de Abril como “aquellos acuerdos o prácticas concertadas suscritos entre dos o más empresas que operen, a efectos del acuerdo de la práctica concertada, en planos distintos a la cadena de producción o distribución y que se refieran a las condiciones en las que las partes puedan adquirir, vender o revender determinados bienes y servicios”.

La interpretación de los tribunales  ya establece la obligatoriedad del franquiciador de comunicar al futuro Franquiciado los pactos que mantiene con proveedores, los motivos de esos pactos y los ingresos que percibe  como consecuencia de ellos.

La sentencia 357/2011 de 9 de noviembre de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en la que se discute la resolución contractual de franquicia y la reclamación de cantidades debidas, en relación al tema aquí tratado y que la sentencia identifica como  “pactos de exclusiva”,  establece que para que el potencial Franquiciado  disponga de información suficiente para decidir su ingreso en la red de franquicias con conocimiento de causa, será necesario que el franquiciador informe al Franquiciado de su obligación de adquirir los productos de proveedores designados o aprobados por el franquiciador. Esta obligación además ya viene impuesta en el art. 62 de la LOCM.

La información deberá indicar para ser suficiente, la descripción del método a través del cual o razones por las cuales el franquiciador elige a los  suministradores y revoca su autorización respecto a los mismos…”

“Así como los posibles contratos existentes entre el franquiciador y los proveedores autorizados, indicando el beneficio que tales acuerdos reportan al Franquiciado, los criterios a través de los cuales se determinan las cantidades que el proveedor autorizado entrega al franquiciador por las compras o contracciones realizadas por los franquiciados (p.e. el porcentaje del precio que es entregado a este) caso de que el contrato entre franquiciador y proveedor contenga disposiciones al respecto, y la cifra global anual obtenida en el ejercicio anterior por el franquiciador por dichos conceptos.”

La referida sentencia en su fundamento jurídico sexto estima que  “los productos y servicios son el objeto de los mencionados contratos; no deberían existir sorpresas (la relación se basa en la confianza y suele ser muy personal)…”

En resumen, las comisiones que recibe el franquiciador son, en realidad, ingresos encubiertos, obtenidos indirectamente  de los Franquiciados, quienes se ven obligados a comprar con un sobre coste.

En caso de existir, los Franquiciados deben ser informados con todo detalle, tal y como justifica la sentencia de Palma de Mallorca. En el supuesto que el franquiciado tenga conocimiento  de estos acuerdos una vez integrado en la red, podrá denunciar estas prácticas exigiendo al franquiciador que cese en ellas de forma inmediata.

En Peña Ochoa & Granados somos abogados expertos en franquicias. Le asesoramos antes de la firma del contrato y una vez iniciada la actividad, defendiendo sus intereses en todo el proceso y especialmente en caso de controversia con el Franquiciador.

Ricardo Peña
(Departamento de Franquicias)
Peña Ochoa & Granados Abogados

Fotografíaemprendepyme.net

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