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El pasado 17 de Abril, la sala tercera del Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando parcialmente el recurso interpuesto contra el Real Decreto 1657/20128 (que regula el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado) por Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión de España (AISGE), Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Audiovisuales (AGEDI), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP). En el recurso interpuesto, además de solicitarse la nulidad de citado Real Decreto, se solicitaba que se declarase el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios causados a los titulares de derechos por el cambio a un sistema de compensación por copia privadasufragado conforme a los Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal Supremo, a través de su sentencia, reconoce la nulidad del Real Decreto 1657/20128, pero desestima la petición de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubiese podido causar tal cambio de sistema de compensación.

Tal como recuerda el Tribunal Supremo, con objeto de dar respuesta a la nulidad o no del citado Real Decreto, fueron planteadas una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien estableció mediante sentencia el 9 de Junio de 2016, que un sistema de compensación equitativa por copia privada sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, del cual no resulta posible asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas, era contrario al Derecho de la Unión. Según el Tribunal, este fallo motivó la posterior sentencia del Tribunal Supremo del 10 de noviembre de 2016, que declaró al Real Decreto 1657/20128 nulo, por carecer de “un fundamento legal efectivo”.

Llegados a este punto, podía esperarse que las entidades recurrentes obtuviesen igualmente el reconocimiento judicial a recibir una indemnización por los menores ingresos mediante un sistema de compensación por copia privada finalmente anulado, pero, sin embargo, el Tribunal ha rechazado dichas pretensiones, por estar basadas en “un informe pericial que nunca fue aportado”.  El alto tribunal añade que, mediante providencia del 12 de diciembre de 2013, se tuvo a la parte por renunciada respecto del dictamen pericial que había anunciado. Resolución que, además,por no ser impugnada, adquirió firmeza.

Cabe resaltar, que, con la implantación de este sistema ya declarado nulo, las cantidades que se habían fijado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, habían girado en torno 5.000.000 de euros por cada ejercicio económico, cantidades muy inferiores a los aproximadamente 115.000.000 de euros, que venían recaudando las entidades de gestión por el concepto de copia privada en los ejercicios anteriores conforme al anterior sistema de financiación.

Para acceder a la sentencia pulsa aquí.

Fdo. Carlos Cuesta Hernández

Abogado  colaborador,  especializado en Propiedad Intelectual

 

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