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En numerosas ocasiones, las tareas de facturación no las controlan los franquiciados porque es el franquiciador el que decide gestionarlas de forma unilateral en nombre de ellos.

En estos casos, la casa matriz impone en los contratos el consentimiento para la autofacturación sin que los franquiciado puedan oponerse a ello.

Es preciso que se tenga en cuenta que la emisión de facturas por terceros deberá cumplir con unas estipulaciones para que al franquiciado no le surjan problemas que luego le acarreen sanciones de distinto tipo.

Para conocer esto, hay que analizar con atención el Reglamento de las Obligaciones de Facturación y la Ley General Tributaria.

¿Cuáles son lo requisitos entre franquicia y franquiciados para la autofacturación?

1.- Que exista un acuerdo de consentimiento mutuo entre las partes, donde el franquiciador que realiza las facturas esté autorizado por el franquiciado. Este acuerdo se debe firmar antes de empezar con las operaciones.

2.- Que todas las facturas se emitan en un formato que el franquiciado acepte, pues es él quien llevará a cabo los procedimientos de facturación como tal. Esto debe acordarse siempre entre las dos partes.

3.- Que el franquiciado envíe a la casa matriz copia de las facturas para que ambas partes tengan siempre en su poder todas las que se hayan emitido durante la actividad comercial.

4.- Que en las facturas se especifique siempre el nombre y por cuenta de quién se hayan realizado las operaciones, en este caso el franquiciador.

La Ley establece que, cumplidas las anteriores exigencias legales, el franquiciador que realiza las tareas de facturación en nombre del franquiciado será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones que la ley le impone.

En muchas ocasiones, el desconocimiento de los franquiciados sobre estas prácticas les conduce a conflictos involuntarios con la Agencia Tributaria.

¿Qué ocurre si no se cumple con las funciones de facturación o documentación?

En el caso de no cumplir con las obligaciones de facturación, la Ley sostiene que se impondrán sanciones tributarias en consecuencia. En este punto se entienden como «obligaciones» las de expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos.

En estos supuestos anteriores, la Ley impondrá sanciones leves, graves o muy graves, que consistirán en multas pecuniarias proporcionales al importe de las operaciones que hayan originado la infracción, esto es, el importe de todas las facturas que no se posean o no se hayan emitido.

Las sanciones podrán alcanzar la cantidad de 300 euros por cada factura no emitida o conservada cuando no sea posible conocer el importe de las operaciones.

En Peña Ochoa & Granados os ayudamos a tener un asesoramiento específico de vuestras franquicias, para que se cumpla la Ley de forma correcta con el fin de evitar posibles infracciones por parte de los franquiciados.

Rubén Bellido Castaño
Graduado en Derecho / Economista

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