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En este artículo trataremos de aclarar las dudas más frecuentes sobre el acuerdo de refinanciación. Veremos cómo estos acuerdos pueden ser una alternativa válida al Concurso de Acreedores en numerosas ocasiones.

¿Qué es un acuerdo de refinanciación?

Podríamos definir el acuerdo de refinanciación como pactos que se adoptan entre un deudor que se encuentra una situación de insolvencia actual o inminente, y sus acreedores. En estos casos, el deudor podrá ser tanto persona natural (física) como jurídica.

¿Para qué sirven los acuerdos de refinanciación?

A través de los Acuerdos de Refinanciación, se puede conseguir:

  • Negociar una ampliación del crédito.
  • La remisión parcial de sus deudas.
  • El aplazamiento de pago de las deudas a través del establecimiento de una serie de obligaciones diferentes a las pactadas.

En definitiva, es un novación de los contratos de crédito y préstamo.

En todo caso, los acuerdos refinanciación se plantean desde la base de continuidad de la empresa, según establece el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal: 

«[Los acuerdos de refinanciación] deben responder a un plan de viabilidad que permita la continuidad profesional o empresarial del deudor a corto y medio plazo

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

Podemos también considerar la refinanciación como un instrumento para la reestructuración preventiva de la empresa, que da continuidad al negocio.

Alternativas al concurso de acreedores que permiten alcanzar un Acuerdo de Refinanciación

En una situación de insolvencia, la Ley Concursal establece la obligación de solicitar el concurso voluntario de acreedores. Esta obligación recae en el órgano de administración, hasta el punto de prever una responsabilidad personal de sus componentes ante los acreedores de la sociedad en caso de incumplimiento.

No obstante, existen alternativas legales que, sorteando el concurso de acreedores, permiten alcanzar acuerdos de refinanciación y/o reestructuración de deudas para garantizar la supervivencia de la sociedad, logrando superar el estado de insolvencia. Con ello, se supera también el deber de solicitar el concurso de acreedores (que generalmente se caracteriza por ser un procedimiento especialmente largo y costoso).

Entre estas figuras, se encuentran las siguientes:

Preconcurso de acreedores

El preconcurso de acreedores otorga a la empresa un plazo de cuatro meses para alcanzar acuerdos extrajudiciales con sus acreedores. De esta forma, se intenta evitar el concurso de acreedores.

Acuerdo extrajudicial de pagos

Se trata de incrementar el activo del deudor y ayudar a disminuir o reestructurar su pasivo.

Acuerdos de refinanciación

Permite dotar a los acuerdos adoptados con cualquier tipo de acreedores, ya sean públicos o privados, de una protección legal que impida su eventual revocación.

Acuerdos de refinanciación homologables

En la negociación con entidades financieras, la homologación judicial de los acuerdos que se alcancen puede conllevar la extensión al resto de entidades financieras de los efectos de la espera (carencia) pactada con una mayoría suficiente de entidades.

Asimismo, tal homologación puede permitir la paralización de ejecuciones contra el patrimonio de la empresa durante el período de espera (carencia) con un máximo de 3 años.

Inyección de tesorería

La previsión legal de privilegio a favor de los nuevos ingresos de tesorería que se habiliten a favor de la empresa que suscribe un acuerdo de refinanciación, permite la búsqueda de financiadores profesionales que acogen esta figura como vehículo de financiación.

Reestructuración preventiva de la empresa

A través de la reestructuración de la propia empresa, del deudor que incluye tanto la modificación de la composición, las condiciones o la estructura del capital, como ventas de activos o de partes de la empresa, entre otros cambios operativos necesarios que se puedan adoptar.

Requisitos para poder solicitar un acuerdo de refinanciación

Para poder solicitar un acuerdo de refinanciación, deberemos cumplir los siguientes requisitos:

  • Podrán beneficiarse tanto personas naturales como jurídicas en situación de insolvencia actual o inminente.
  • En caso de ser persona natural, el valor del pasivo no podrá superar los cinco millones de euros.
  • En caso de ser persona jurídica, el valor del pasivo no podrá superar los cinco millones de euros o, deberá tener menos de cincuenta acreedores. Todo ello, acreditando siempre disponer de activos suficientes para sufragar los gastos de tramitación del acuerdo.

¿Por qué es recomendable valorar alternativas al Concurso de Acreedores?

Como abogados expertos en Derecho Mercantil, comprendemos la dificultad personal y empresarial de iniciar un concurso de acreedores en una empresa. Por un lado, la imagen personal se ve afectada y, además, el insolvente suele estar lidiando con la sensación de fracaso profesional.

Sin embargo, independientemente de estas cuestiones, en este Despacho tenemos como principio asistir a nuestros clientes reduciendo el impacto de las consecuencias derivadas de su situación de crisis económico financiera y, a veces, hasta personal.

Como siempre, el primer consejo es acudir a nuestra asesoría un tiempo antes de que la situación económica de la empresa se haya vuelto insostenible. De esta forma, estaremos aún a tiempo de solucionar sus problemas, de cumplir con sus obligaciones financieras y, además, de mantener la continuidad de la entidad en las mismas manos de quienes la crearon.

Abogados mercantiles expertos en cuestiones de insolvencia empresarial

Desde Peña Ochoa & Granados Abogados, creemos que si una persona natural o sociedad se encuentra en situación de dificultad económica o de insolvencia, en primer lugar deberá asesorarse por expertos mercantilistas.

Ellos podrán evaluar la situación real y considerarán si realmente es conveniente solicitar el preceptivo concurso voluntario de acreedores o si, por el contrario, concurren una serie de requisitos donde se aconseja adoptar otra serie de medidas para afrontar la situación de crisis financiera, como es la adopción de acuerdos financieros que den continuidad de la misma de acuerdo a un análisis de la viabilidad económico-financiera de la misma.

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