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El Real Decreto 1657/20128 es el que regula el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El pasado 17 de Abril, la sala tercera del Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando parcialmente el recurso interpuesto contra este decreto. El recurso fue liderado por varias sociedades de artistas y editores: AISGE, AIE, AGEDI, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP.

A continuación, analizaremos brevemente la sentencia:

Solicitud del derecho de indemnización

En primer lugar, el recurso interpuesto solicitaba la nulidad de citado Real Decreto. El fin último del recurso es la declaración del derecho a la indemnización de los daños y perjuicios a los titulares de derechos. Estos daños afirmaban que eran causados por el cambio a un sistema de compensación por copia privada sufragado conforme a los Presupuestos Generales del Estado.

El Tribunal Supremo, a través de su sentencia, reconoce la nulidad del Real Decreto 1657/20128. Sin embargo, ha desestimado la petición de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubiese podido causar tal cambio de sistema de compensación.

Real Decreto 1657/20128 nulo: Carece de fundamento legal efectivo

Tal como recuerda el Tribunal Supremo, con objeto de dar respuesta a la nulidad o no del citado Real Decreto, fueron planteadas una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Éste último fue quien estableció que era contrario al Derecho de la Unión un sistema de compensación equitativa por copia privada sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Además, añadía que no resulta posible asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas. Esto fue establecido por sentencia el 9 de junio de 2016.

Según el Tribunal, este fallo motivó la posterior sentencia del Tribunal Supremo del 10 de noviembre de 2016, que declaró al Real Decreto 1657/20128 nulo, por carecer de “un fundamento legal efectivo”.

Conclusiones

Llegados a este punto, podía esperarse que las entidades recurrentes obtuviesen el reconocimiento judicial a recibir una indemnización por los menores ingresos. Sin embargo, el Tribunal ha rechazado dichas pretensiones por estar basadas en “un informe pericial que nunca fue aportado”.

El alto tribunal añade que, mediante providencia del 12 de diciembre de 2013, se tuvo a la parte por renunciada respecto del dictamen pericial que había anunciado. Resolución que por no ser impugnada adquirió firmeza.

Cabe resaltar que con la implantación de este sistema ya declarado nulo, las cantidades que se habían fijado a cargo de los Presupuestos Generales del Estado habían girado en torno 5.000.000€ por cada ejercicio económico. Estas son cantidades muy inferiores a los aproximadamente 115.000.000 de euros, que venían recaudando las entidades de gestión por el concepto de copia privada en los ejercicios anteriores conforme al anterior sistema de financiación.

Si quieres saber más sobre el tema, puedes leer la sentencia completa.

Autor: Carlos Cuesta Hernández
Abogado colaborador, especializado en Propiedad Intelectual

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